¡¡NO A LA DICTADURA!!

¡¡ALTO A LOS ABUSOS Y ATROPELLOS!!

Gobierno exhibe una peligrosa complacencia hacia cada vez más groseras violaciones represivas de los derechos democráticos y las leyes por parte P.N. y su Jefe Candelier

Ahora fue contra médicos en demanda pacífica y ordenada

Hace poco se abofeteó y golpeó a tres jueces, Hipólito lo celebró

Y ya son casi 500 los muertos que Candelier lleva en su cuenta como si tal cosa

Los derroteros hacia los que lleva a la sociedad dominicana el señor Hipólito Mejía desde el Poder Ejecutivo, no son otros que los del total desconocimiento de los derechos ciudadanos y, por tanto, nos enrumban al enfrentamiento inevitable con evidentes intentos desaprensivos y aventureros por imponer sobre las espaldas del pueblo dominicano otra brutal dictadura.

Ya advertimos que la vigente imposición y aplicación del método de fusilamiento de ciudadanos en la calle bajo el alegre cliché de intercambio de disparos por parte de miembros de la P.N. y la irracional postura del Jefe de esa institución, el nombrado Pedro de Jesús Candelier, conducirían a un callejón sin salida.

No sólo que todo eso es contrario a las leyes, a los tribunales de Justicia y a la Constitución de la República, sino que, además, nadie tiene derecho a imponerse (mucho menos cuando ello se hace sirviendo intereses bastardos de minorías egoístas) mediante la fuerza bruta y sin respetar el derecho de los demás ciudadanos.

La carnicería efectuada en los últimos dos años por la P.N. y Candelier constituyen un crimen de Estado dada la responsabilidad directa de los gobiernos de turno. Esto es un genocidio. Y lo más grave de todo es que se desenvuelve alrededor de un hilo maestro.

La responsabilidad inmediata, no hay dudas que recae sobre el poder omnímodo de que goza el cardenal López Rodríguez, quien fuera el auspiciador de la consigna de mano dura contra la delincuencia, abusando de su condición de Vicario Castrense, acorde con el Concordato y el Vicariato Castrense, piezas que pesan en forma infame sobre la democracia y el derecho en el país, dado que Concordato y Vicariato Castrense dan un carácter teocrático, retardatario y recalcitrante al Estado Dominicano, cuyos órganos decisivos y fundamentales son las FF.AA. y la P.N., quedando las instituciones civiles, como el llamado Congreso y el "Poder" Judicial como auténticos mequetrefes, bambalinas o cascarones vacíos tras los que se oculta una tan infame como terrorífica realidad, donde cualquier genízaro, manejado por un fanatismo criminal, hace lo que le venga en gana, tal y como se está demostrando con la represión injustificada que se ha perpetrado contra los médicos que no comparten, y en efecto intentan expresar, con todo derecho, su descontento frente a una Ley a ser conocida por el Senado que controla el mismo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y cuyo contenido y efecto rechazan.

Hipólito Mejía, desde antes de ser Presidente, aún en la "oposición", ya dejaba ver los colmillos de tiburón sanguinario cuando respaldó la desfachatada y arrogante orden de matar dada por el cardenal católico López Rodríguez al general Candelier, su querido y fiel discípulo.

Ya percibimos lo que se viene cocinando contra los derechos civiles por parte del gobierno de Hipólito Mejía-PRD cuando ordenó atropellar al ex-presidente Leonel Fernández al que, independientemente de no compartir nosotros su plataforma, le reconocemos sus derechos democráticos, así como el mérito de haber tenido el valor de concurrir en defensa de sus ex-funcionarios acusados de actos de corrupción, cosa que se contrapone, por un lado, a la cobardía con que aceptó, el mismo Leonel Fernández, el inicio de los fusilamientos de Candelier bajo su gobierno, y, por otro lado su última actitud es una oposición a la ladina cobardía de un Peña Gómez, que no se atrevió a ser ni siquiera solidario a medias cuando un ex-presidente, llamado Salvador Jorge Blanco, canchanchán suyo y compinche de sus correrías políticas, fuera enjuiciado y condenado justamente por corrupto y ladrón en el gobierno de Balaguer 86-90.

El gobierno de Hipólito Mejía y el PRD reivindica, de una parte, tanto la cobardía espúrea de los palurdos degenerados que usurpan la dirección de ese partido, que no se atreven ni siquiera a intentar buscar su propia legalidad o legalización como miembros de un Comité Ejecutivo electo, vacío que, con acierto y valentía, les fue enrostrado por Esquea Guerrero, como, por otra parte, defienden la corrupción cuando Hipólito Mejía "ordena" "eximir" de culpa y responsabilidad a Salvador Jorge Blanco de los delitos comprobados cometidos por él mientras fuera Presidente del país, a la vez que le premió la "honra" a su familia dándole, a través del hijo, la dirección de Indotel.

La ciudadanía no debe seguir tolerando en forma indiferente este panorama de violentación y pisoteo brutal de los derechos constitucionales por parte de autoridades civiles, militares y policiales.

Se deben aunar esfuerzos a toda costa para demandar, en una cruzada nacional, un alto a la barbarie y obligar a que las fuerzas absolutistas y criminales sean sometidas a las ordenanzas que reconocen y establecen las leyes y la Constitución, acorde con la democracia y la libertad.

La ciudadanía debe reclamar respeto y vigencia de los derechos democráticos y sustentar con firmeza y claridad las consignas de: ¡No a la dictadura! ¡No a los abusos!